El jueves 11 de febrero de 2010, Joaquín Lavín, quien había sido anunciado hace dos días como nuevo ministro de Educación, enfrentaba así los cuestionamientos por su relación con la Universidad del Desarrollo: “Voy a ser más estricto aún conmigo mismo que lo que dice la propia ley y he decidido no tener vinculación con ninguna institución educacional en particular. El día de ayer firmé mi renuncia a la Universidad del Desarrollo”.
Era la forma de hablar de un fantasma que lo acompaña hasta hoy y que habla de su larga vinculación con la universidad que fundó en Concepción en 1990 y que abandonó siendo vicepresidente del Consejo Directivo a comienzos del año pasado.
Las críticas de estudiantes y profesores –que el lunes entregaron una carta en el Ministerio de Educación pidiéndole que aclare sus vínculos con esta casa de estudios– apuntan a uno de los cuestionamientos que ha cruzado el movimiento estudiantil: el lucro. Las últimas declaraciones del secretario de Estado al respecto, luego de señalar en el programa de televisión Tolerancia Cero que no había perdido el dinero invertido en esta institución, encendieron aún más el debate.
“En el caso que tuviera conflicto de intereses reales con la Universidad del Desarrollo, obviamente no podría ser un interlocutor válido”, dijo la presidenta de la Fech, Camila Vallejo. La misma línea siguieron los estudiantes secundarios: “Consideramos que debe entrar un nuevo ministro a la cabeza de la cartera, un ministro que no sea dueño de las universidades como es Lavín en la Universidad del Desarrollo, en este caso, un ministro que esté limpio de participación en entidades privadas como son las universidades o los liceos, que no sea sostenedor de ninguna universidad y de ningún liceo”, sumó quejas el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Alfredo Vielma.
Dante Contreras, economista de la Universidad de Chile, quien además señala que todos estos antecedentes claramente complican a Lavín: “Aunque tengas una opinión sensata o con las mejores intenciones, igual la gente va sospechar de la validez de la misma. Es un problema, pero no sólo del ministro, ese tema ha estado presente desde el día uno en este Gobierno”.
LA HISTORIA DEL NEGOCIO
La universidad nació a comienzos de 1990 en la VIII Región como una fundación de derecho privado fundada por Joaquín Lavín, Ernesto Silva Bafalluy, Cristián Larroulet –actual ministro Secretario General de la Presidencia–, Federico Valdés (Presidente de Azul Azul) y el padre de este último, Alfredo Federico Valdés Herrera. Posteriormente se sumaron Carlos Alberto Délano, y Carlos Eugenio Lavín, socios del grupo Penta.
Antes de que cumpliera 10 años, decidieron replicar el proyecto en Santiago; un modelo de exitosa expansión que hoy sitúa a esa casa de estudios, por ejemplo, en el número 11º del ranking de América Economía y 10ª en el de Qué Pasa. Además, consiguió acreditación por 5 años en 2006. Actualmente, 12 facultades sirven de sedes para las carreras, postgrados, diplomados y centros de investigación.
En el libro “La privatización de las universidades”, la periodista María Olivia Mönckeberg cuenta que “la casa matriz de la Universidad del Desarrollo en Concepción está en un amplio edificio de ladrillos rojos construido en el barrio Ainavillo” y los antecedentes que se encuentran en el Conservador de Bienes Raíces establecen que “pertenece a la inmobiliaria Ainavillo, la que además es dueña de otras propiedades que esa empresa ha adquirido en la calle Barros Arana, en la misma manzana”.
La periodista también relata que “con un capital total de 36 millones 500 mil pesos, la inmobiliaria Ainavillo Limitada fue constituida el 2 de agosto de 1991 por los mismos fundadores de la Universidad” y que entonces contaban con la siguiente participación: Joaquín Lavín Infante, 16,6 por ciento; Ernesto Silva Bafalluy, 16,6 por ciento; Cristián Larroulet Vignau 16,6 por ciento; Federico Valdés Lafontaine, a través de inversiones el estribo Limitada, 12,5 por ciento; Alfredo Valdés, a través de Feval Limitada, 20,8 por ciento.
En el mismo texto, Mönckeberg registra que en 1999, el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi también tomó participación con un 10 por ciento de Ainavillo y que a fines de 2001 se registra en una modificación estatutaria que el principal socio es inversiones Sydarta –la sociedad de Silva Bafalluy–, con un 21,1 por ciento, en tanto que las de Valdés bordean el 19 por ciento y las de Joaquín Lavín el 15, después de la venta del 6 por ciento de sus derechos que efectuó en esa oportunidad. Inversiones Penta III Limitada tenía el 16 por ciento. En marzo de 2002, Ainavillo se transformó en sociedad anónima cerrada. Se consigna que su objetivo es ‘el arriendo, subarriendo de inmuebles, la construcción o modificación y la explotación, administración y gestión de negocios inmobiliarios’”.
Mönckeberg señala que como las universidades son corporaciones sin fines de lucro lo que hacen para vender y generar utilidades es usar “martingalas, o figuras ilegales. Es decir, reciben plata, pero como todo esto se hace al margen de la ley nadie puede saber; por eso es oscuro el mercado de la educación”, concluye Mönckeberg.
La Universidad del Desarrollo no fue la única institución de Educación a la que estuvo ligado el ministro Lavín antes de asumir el cargo. Por medio de la Inmobiliaria La Concepción, el mismo grupo se hizo cargo del Instituto Profesional Providencia, el año 2004. En el directorio figuraban hasta el año pasado Ernesto Silva y su hija María Cristina Silva Méndez, además de Joaquín Lavín, Hernán Büchi, Federico Valdés, Alfredo Valdés, Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano y Cristián Larroulet. “En la publicidad se anuncia la alianza estratégica con la Universidad y sus dueños se mencionan como profesores”, suma datos el libro de la periodista y Premio Nacional de Periodismo.
Los vínculos de amistad y cercanía con Ernesto Silva no terminaron con la salida de Lavín del negocio, que dejó públicamente al asumir como secretario de Estado. Hasta el 22 de mayo –y desde el 11 de marzo del año pasado–, figuraba en la planilla de dotación de planta del Mineduc, con un sueldo de $3.219.843, el hijo de Silva, Felipe Silva Méndez, ingeniero comercial que se desempeñó como jefe de gabinete de Lavín.
EL ESTADO Y LOS PRIVADOS
Uno de los temas más mencionados por quienes han participado en las manifestaciones estudiantiles es transparentar el lucro. Y es en este punto donde el pasado de Lavín cae como un bloque de cemento a la mesa.
Según cifras entregadas por el Ministerio de Educación hace unos días, por cada alumno matriculado con AFI (Aporte Fiscal Indirecto) con más de 709,5 puntos promedio en la PSU, las casas de estudios reciben $1.532.671. Y si bien la mayoría de las universidades que se llevan el dinero son estatales, también aparecen establecimientos privados, entre ellos la Universidad del Desarrollo.
“Si una universidad se declara con fin de lucro no puede recibir recursos del Estado, porque hay un dueño, que tiene un lucro que es legítimo, invierte, pero los recursos fiscales son para los alumnos más urgentes, como los alumnos pobres”, dice Francisco Castañeda, economista de la Universidad de Santiago, quien agrega en que “hay que cambiar la ley anacrónica que está generando distorsión en el mercado”.
Quien también piensa lo mismo es Dante Contreras, economista de la Universidad de Chile, quien además señala que todos estos antecedentes claramente complican a Lavín: “Aunque tengas una opinión sensata o con las mejores intenciones, igual la gente va sospechar de la validez de la misma. Es un problema, pero no sólo del ministro, ese tema ha estado presente desde el día uno en este Gobierno”.
Sin embargo, el ministro no ve inconveniente alguno: “No tengo ninguna incompatibilidad legal. Yo no sólo me salí de la Universidad del Desarrollo y renuncié a su consejo directivo, sino que antes de asumir como ministro me desprendí de toda participación en cualquier sociedad que directa o indirectamente tuviera cualquier relación con el mundo educacional”, afirmó.
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